Greenpeace exige frenar planta de amoniaco en Topolobampo; Proman acepta diálogo

Greenpeace México exigió el 24 de julio la cancelación de la megaplanta de amoniaco anhidro que Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del consorcio suizo-alemán Proman, construye en Topolobampo, Sinaloa, con capacidad proyectada de hasta 800 mil toneladas anuales. La organización envió cartas a los directivos de Proman y al banco alemán KfW IPEX-Bank para solicitar el retiro del financiamiento del proyecto.

La planta se ubica en la Bahía de Ohuira, un humedal clasificado como sitio Ramsar de importancia internacional, hábitat de ballenas, delfines y moluscos, y zona de crianza larvaria de diversas especies marinas. Según Greenpeace, el amoniaco anhidro puede alterar ecosistemas acuáticos, acidificar el suelo y contaminar la atmósfera, lo que representa un riesgo para la pesca artesanal y la biodiversidad de la bahía. Comunidades indígenas Mayo-Yoreme y colectivos locales han encabezado la oposición al proyecto durante más de una década. En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó una consulta indígena; organizaciones civiles han señalado que el proceso no cumplió plenamente con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre consulta previa, libre e informada.

La construcción de la planta inició en abril de 2026, reportó El Financiero. El gobierno federal mantiene mesas de diálogo coordinadas por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) con las comunidades, especialistas y la empresa. Greenpeace solicitó además al gobierno federal cancelar el proyecto y dejar de aprobar infraestructura vinculada a combustibles fósiles que comprometa derechos indígenas. GPO solicitó una reunión con Greenpeace, programada para el 27 de julio, para atender los señalamientos ambientales y sociales, de acuerdo con Forbes México. El proyecto se enmarca en los planes de desarrollo del gobierno federal orientados a fortalecer la producción nacional de fertilizantes y generar empleo en la región.

La reunión del 27 de julio entre Greenpeace y la empresa definirá si el diálogo abre una ruta de entendimiento o si la organización escala su campaña de presión internacional. En paralelo, las mesas coordinadas por el gobierno federal continúan con las comunidades indígenas, la empresa y especialistas.

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