SAB inhabilita 20 años a trabajadores de CFE por adquisición de 82,000 optimizadores innecesarios

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAB) inhabilitó por 20 años a cuatro servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 14 de junio de 2026 y les fijó una multa solidaria de 1,192.5 millones de pesos por contratar en 2017 la adquisición e instalación de 82,000 optimizadores de tensión que la dependencia determinó innecesarios para el suministro eléctrico.

La resolución forma parte de un paquete más amplio de sanciones a 39 servidoras y servidores públicos de distintas dependencias federales por faltas graves y no graves en materia de adquisiciones, según el comunicado oficial de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicado el 14 de junio de 2026. En el caso de CFE, los hechos datan de 2017: los servidores sancionados autorizaron la adquisición e instalación de dispositivos de regulación de voltaje en la red de distribución sin que la dependencia acreditara la necesidad técnica para el suministro, en contravención de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). De acuerdo con El Financiero, que cubrió la resolución el 14 de junio de 2026, la multa de 1,192.5 millones representa una de las sanciones económicas más elevadas aplicadas por la SAB en el sector eléctrico.

Los cuatro servidores identificados en la resolución como Roberto V., Alberto M., José Q. y Francisco D., pertenecientes a CFE Distribución, al laboratorio de equipos y materiales, a la unidad de suministro de servicios básicos y a la dirección corporativa de operaciones, recibieron la inhabilitación máxima de 20 años prevista en la LGRA para faltas graves, la categoría de mayor severidad en el sistema de responsabilidades administrativas. La multa solidaria de 1,192.5 millones de pesos, que responden conjuntamente los cuatro servidores, es la de mayor cuantía dentro del paquete de resoluciones del 14 de junio. El comunicado de la SAB indica que, en el conjunto de los 39 expedientes, las inhabilitaciones oscilan entre un mes y los 20 años aplicados en este caso.

Las resoluciones de la SAB son recurribles ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). El resultado de los posibles recursos de impugnación determinará si las sanciones quedan firmes y si el caso consolida un precedente en materia de control de adquisiciones en empresas productivas del Estado como CFE.

Esta nota fue redactada con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes verificadas y revisada por un editor humano antes de publicarse.