Revisión obligatoria del T-MEC inicia el 1 de julio; política energética al centro

El 1 de julio de 2026 inicia la primera revisión conjunta obligatoria del T-MEC, el proceso que definirá si México, Estados Unidos y Canadá extienden el tratado 16 años más o entran en revisiones anuales. La política energética mexicana, en particular las reformas que asignan a la CFE al menos el 54% del suministro eléctrico nacional, centra la negociación trilateral.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, declaró el 30 de junio a El Financiero que el sector privado acordó impulsar el tratado y prevé un acuerdo de extensión tras las elecciones intermedias en Estados Unidos. México dispone de una ventana de 10 años para alcanzar ese consenso; si no lo logra, el T-MEC permanece vigente pero bajo revisiones anuales que Medina Mora calificó de "una complicación adicional" para el comercio regional.

Estados Unidos y Canadá mantienen activos desde 2022 los mecanismos de solución de controversias del T-MEC por cuatro prácticas energéticas mexicanas: la prioridad de despacho a la CFE, las demoras de permisos a generadores privados, la postergación del diésel de ultra bajo azufre para Pemex, y la discrecionalidad en el transporte de gas natural que favorece a empresas vinculadas con la estatal, documenta el Baker Institute de Rice University.

La arquitectura del tratado no incluye un capítulo energético independiente, pero las disciplinas de trato nacional (capítulo 2) y empresas estatales (capítulo 22) exigen neutralidad competitiva. Esa arquitectura funcionó bajo la reforma energética de 2013, entró en tensión desde 2019 y quedó en conflicto con las reformas constitucionales de 2025.

México importa más del 80% de su gas natural de Estados Unidos por ductos desde Texas, dependencia que la secretaria de Energía, Luz Elena González, calificó como vulnerabilidad nacional. CENAGAS comprometió 87,000 millones de pesos en junio de 2026 para expandir la infraestructura doméstica de transporte y almacenamiento de gas, reportó Mexico Business News.

La colisión entre las obligaciones de no discriminación del T-MEC y las disposiciones constitucionales mexicanas, que para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no son materia negociable, representa el nudo jurídico central de la revisión. México defiende su marco constitucional; Washington y Ottawa exigen acceso no discriminatorio a mercados.

La tercera ronda bilateral está programada para el 20 de julio en la Ciudad de México, encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. El desenlace del capítulo energético definirá el ritmo de la inversión privada en el sector eléctrico mexicano durante la próxima década.

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