Revisión del T-MEC inicia el 1 de julio con energía como foco de tensión bilateral

El 1 de julio de 2026 inicia la revisión formal del T-MEC, con el sector energético como principal foco de tensión bilateral. Los proveedores estadounidenses de petróleo y gas acumulan 2,500 millones de dólares en cuentas por cobrar vencidas con Pemex al cierre de 2025, según el informe del USTR publicado en marzo de 2026 y reportado por OPIS.

La revisión está mandatada por el Artículo 34.7 del tratado, que obliga a México, Estados Unidos y Canadá a decidir si extienden el acuerdo por 16 años más o si entra en ciclos anuales de renegociación. El proceso inició con fuerza a finales de junio: según El Financiero, la negociación formal arrancó la última semana de junio y se espera que se prolongue al menos hasta 2028. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabeza la delegación mexicana frente al USTR Jamieson Greer por Estados Unidos y el ministro Dominic LeBlanc por Canadá.

La tensión se concentra en dos medidas de la reforma constitucional de octubre de 2024 y su legislación secundaria de marzo de 2025: el despacho prioritario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la red nacional, que desplaza a generadores privados, y la participación estatal mínima del 54 por ciento en todo proyecto de generación con inversión mixta. El USTR sostiene que ambas disposiciones violan los capítulos 2, 14 y 22 del T-MEC sobre trato nacional, protección a la inversión y neutralidad competitiva de empresas del Estado. México defiende las reformas como mandato constitucional de soberanía energética, aunque enfrenta una vulnerabilidad de fondo: más del 80 por ciento del gas natural que consume el país, insumo clave para la generación eléctrica, proviene de ductos texanos.

El Baker Institute de la Universidad de Rice recomienda negociar un calendario de apertura progresiva del mercado eléctrico mexicano como vía de compromiso. Sin un acuerdo sustantivo hacia el cierre de 2026, la entrada en ciclos anuales de revisión mantiene la incertidumbre regulatoria para los generadores privados a ambos lados de la frontera.

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