OMB propone regla que sometería subsidios del DOE a control de designados políticos
La propuesta, con periodo de comentarios cerrado el 13 de julio, introduce un mecanismo de revisión política sobre subsidios activos del Departamento de Energía.

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de Estados Unidos publicó el 29 de mayo de 2026 una propuesta de reglamento que formaliza el control de funcionarios políticos sobre los subsidios del Departamento de Energía (DOE). El texto autoriza cancelar proyectos activos que, a juicio de la agencia, no estén alineados con las prioridades presidenciales o el interés nacional.
La propuesta codifica una práctica que el DOE aplica desde enero de 2025, cuando la administración entrante comenzó a cancelar adjudicaciones por criterio de alineación política. Según Latitude Media, el DOE ha cancelado más de 7,500 millones de dólares en proyectos desde entonces. En enero de 2026, una corte federal ordenó restaurar siete subsidios por 28 millones de dólares tras determinar que su cancelación había violado la Quinta Enmienda. La regla propuesta, publicada en el Registro Federal el 29 de mayo, modifica el marco que rige más de un billón de dólares en asistencia financiera anual para establecer la terminación discrecional como facultad permanente.
El texto introduce tres cambios al proceso de adjudicación. Primero, exige que un designado político de alto nivel revise cada subsidio discrecional y certifique que el proyecto hace avanzar de forma demostrable las prioridades de política del presidente. Segundo, permite cancelar un subsidio activo aunque cumpla con todas sus metas de desempeño, bajo el argumento de que ya no responde al interés nacional. Tercero, elimina el derecho a apelar las terminaciones calificadas como discrecionales. La propuesta, según el texto del Registro Federal, equipara esta facultad a la terminación de contratos federales por conveniencia.
El periodo de comentarios cerró el 13 de julio con cerca de 497,000 participaciones. La OMB planea publicar la regla final en septiembre de 2026, con entrada en vigor el 1 de octubre. El desenlace definirá el grado de certidumbre regulatoria con el que operan los inversionistas privados que coinvierten con el DOE en proyectos de energía (desde geotermia y almacenamiento hasta hidrógeno e infraestructura de red) en Estados Unidos y, por extensión, en los mercados energéticos de América Latina.
Esta nota fue redactada con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes verificadas y revisada por un editor humano antes de publicarse.
Fuentes
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