Brasil vincula incentivos fiscales de centros de datos a energía renovable

El Senado de Brasil aprobó el 1 de septiembre el régimen especial de tributación Redata, que condiciona los beneficios fiscales de los centros de datos a cubrir toda su demanda de electricidad con energía renovable o de bajas emisiones, según pv magazine y Valor International. El proyecto 278/2026, ya aprobado por la Cámara de Diputados, pasó a sanción presidencial.

Redata sustituye a la medida provisional 1,318/2025, que perdió vigencia en febrero de 2026. El Senado amplió la redacción de la Cámara, que hablaba de fuentes limpias o renovables, y la dejó en renovables o de bajas emisiones: la solar y la eólica cuentan como renovables, y la hidroeléctrica, la biomasa y el biogás, como de bajas emisiones, con criterios que definirán los reglamentos. La agencia oficial Agência Brasil reportó que el relator, Cid Gomes, defendió el régimen como una desgravación de la infraestructura física que exige el procesamiento de datos, incluidos la nube y el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, y que el gobierno estima una renuncia fiscal de 5,200 millones de reales en 2026 y de alrededor de 1,000 millones anuales en los dos años siguientes.

La exigencia coloca la contratación eléctrica en el centro de la política brasileña para atraer inversión en infraestructura digital, según pv magazine, y añade demanda a un mercado libre en expansión. Un relevamiento de Clean Energy Latin America (CELA) citado por esa publicación contabilizó 11 contratos de largo plazo entre 2021 y 2024, por 330 MW promedio y unos 7,700 millones de reales (1,400 millones de dólares); siete se hicieron bajo autogeneración y cuatro como acuerdos de compra de energía (PPA). Redata exige además reservar 10% de la capacidad de procesamiento al mercado brasileño, no superar 0.05 litros de agua por kWh en enfriamiento e invertir en Brasil el 2% del valor de los equipos adquiridos con el beneficio. La suspensión de impuestos federales, incluidos el arancel de importación y el impuesto sobre productos industrializados (IPI), corre por cinco años.

El siguiente punto a vigilar es la sanción presidencial y el reglamento que precise qué fuentes califican como de bajas emisiones, la definición que el Senado dejó abierta. De esa definición depende que los centros de datos se consoliden como compradores de largo plazo de proyectos solares y eólicos en el mercado brasileño, un canal de demanda que ya asoma en los contratos que registra CELA.

Esta nota fue redactada con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes verificadas y revisada por un editor humano antes de publicarse.